Aumentan las preocupaciones sobre el Protocolo

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El tribunal superior de La IMU no ha decidido si un plan de separación denominacional pasa el examen constitucional y eso tiene frustrados/as y preocupados/as a algunos/as de los/as arquitectos/as del plan.

“Esta decisión simplemente se suma a la sensación de que la denominación está 'estancada' y a la sensación de que nuestras instituciones bien reglamentadas no pueden y no están dispuestas a abordar los grandes desafíos que enfrenta La IMU” dijo Randall Miller, veterano líder de la iglesia, quien estuvo entre un grupo diverso de 16 líderes metodistas unidos que, con la ayuda del afamado mediador Kenneth Feinberg, desarrollaron una propuesta destinada a resolver uno de esos desafíos, el debate intensificado que por décadas ha mantenido la denominación sobre el estado de las personas LGBTQ,  por lo que ya algunas congregaciones están pensando en desafiliarse de La IMU.

El Protocolo de Reconciliación y Gracia a través de la Separación propuesto, si se adopta, permitiría a las iglesias y conferencias tradicionalistas que apoyan las restricciones sobre el matrimonio igualitario y la ordenación del clero homosexual, desafiliarse y quedarse con la propiedad de la iglesia y $25 millones. La propuesta también reserva $2 millones para otros grupos de iglesias que podrían irse.

El equipo de mediación del Protocolo, convocado en 2019 por John Yambasu, el difunto obispo de Sierra Leona, incluía obispos/as y líderes de grupos de defensa tradicionalistas, centristas y progresistas que a menudo habían estado en desacuerdo con el debate sobre la homosexualidad. Con el Protocolo, llegaron a un acuerdo y los grupos de defensa de todo el espectro teológico de la denominación lo han respaldado.

Para marzo de 2020, las conferencias anuales de Filipinas Cavite, Sierra Leona y Michigan, tres cuerpos eclesiásticos regionales, habían aprobado el envío a la próxima Conferencia General, del Protocolo propuesto.

Antes de la asamblea legislativa, el Concilio de Obispos/as también le pidió al Concilio Judicial, el tribunal superior de la denominación, que revisara si el Protocolo estaba dentro de los límites de la constitución de la iglesia, que otorga a los/as obispos/as la autoridad para solicitar una revisión judicial de la propuesta legislativa. Muchos/as en la iglesia también quieren evitar una repetición de la Conferencia General de 2012 cuando, en el último día de la reunión, el Concilio Judicial anuló un paquete legislativo recién aprobado por motivos constitucionales. En 2012, nadie le pidió al Concilio Judicial que revisara la constitucionalidad de la legislación hasta que los/as delegados/as a la Conferencia General ya habían votado.

Ocho años después, fue una historia diferente pues con los endosos, los votos de la conferencia anual y una posible revisión judicial, todo parecía estar listo para que los/as delegados/as de la Conferencia General tuvieran la última palabra sobre el Protocolo cuando se reunieran en mayo.

Pero luego la pandemia por el COVID-19 no permitió los viajes internacionales, por lo que la Conferencia General ha sido aplazada dos veces, y ahora está programada del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2022, en Minneapolis.

Mientras tanto, el Concilio Judicial, un organismo significativamente más pequeño, se ha estado reuniendo en línea periódicamente. El 16 de abril la corte publicó el Memorando 1407 rechazando la solicitud de los/as obispos/as de pronunciarse sobre el Protocolo antes de la Conferencia General.

En el Memorando, el tribunal de la iglesia reconoció que los/as obispos/as tenían derecho a solicitar un fallo. Sin embargo, el Concilio Judicial señaló que no quería opinar sobre ningún plan de separación en particular cuando otras propuestas similares se llevan a la Conferencia General.

“Sería inapropiado para nosotros/as anticipar o diseñar resultados legislativos” decía el Memorando. "Hasta que la Conferencia General tenga la oportunidad de considerar y actuar sobre todas las propuestas, incluido el Protocolo, debemos evitar interferir con el proceso legislativo mediante una adjudicación prematura".

El Obispo Kenneth Carter de la Conferencia Anual de Florida, quien participó en el equipo del Protocolo, dijo que la motivación de los/as obispos/as al hacer su solicitud “no es privilegiar la porpuesta, sino ayudar a la iglesia y especialmente a ayudar a las delegaciones a obtener claridad mientras realizan su trabajo". Los/as obispos/as presiden pero no tienen voto en la Conferencia General.

La decisión del Concilio Judicial no tiene precedentes. En 2015, el tribunal aplazó el fallo sobre una propuesta para reestructurar las agencias generales de la denominación debido a la posibilidad de otras propuestas similares, y emitió su opinión justo antes de la Conferencia General de 2016.

Miller, miembro del equipo del Protocolo, es un ex miembro suplente del Concilio Judicial y participó en la decisión de 2015, dijo que el nuevo Memorando de la corte sobre el Protocolo es diferente del aplazamiento anterior y agregó que el nuevo memorando parece argumentar que el Concilio de Obispos/as debe respaldar una propuesta antes de solicitar una decision, y ese no es un paso mencionado en el Libro de Disciplina, el libro de leyes de la denominación.

"Espero que el Concilio de Obispos/as vuelva a presentar su solicitud" dijo Miller, quien también es un delegado suplente para la próxima Conferencia General.

El Obispo Thomas Bickerton de la Conferencia Anual de Nueva York, otro miembro del equipo del Protocolo, dijo que dada la justificación del Concilio Judicial, no ve una nueva presentación más cerca de la Conferencia General que resulte en que la corte tome una decisión diferente. “Parece muy poco probable que se considere el Protocolo sin un debate sustancial y una posible enmienda” dijo Bickerton.

 Sin embargo, agregó que si los/as delegados/as no consideran seriamente el Protocolo, teme que la Conferencia General se llene una vez más de "ira, emoción y profundo dolor" y agregó: "Personalmente creo que es hora de ejercer una manera mejor y más elegante".

El Rev. Thomas Berlin, delegado a la Conferencia General y miembro del equipo del Protocolo, dijo que una revisión judicial habría dado a los/as delegados/as la confianza de que todas las disposiciones de la propuesta son constitucionalmente válidas. “Es lamentable que el Concilio Judicial haya decidido no ofrecer una opinion, lo que puede reducir la confianza que algunos/as delegados/as ven en el Protocolo una vía predecible y válida que atenderá las necesidades de todas las partes”.

El Obispo Christian Alsted de la zona nórdica-báltica, quien también formó parte del equipo del Protocolo, dijo que no cree que la falta de una decisión tenga mucho efecto en el apoyo al Protocolo.

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"Creo que los/as delegados/as tendrán que hacer su mejor trabajo, y si se aprueba el Protocolo de alguna forma, estoy seguro de que la desafortunada tendencia iniciada en 2012, de remitir las decisiones importantes de las Conferencias Generales al Concilio Judicial continuará".

La propuesta ya enfrenta al menos una pregunta constitucional, pues parte del Protocolo permite que las conferencias anuales se retiren de La IMU, si los/as miembros laicos/as y clérigos/as votan a favor de hacerlo en al menos el 57%.

El Rev. William B. Lawrence, ex presidente del Concilio Judicial, argumenta en un memorando ampliamente distribuido entre los/as delegados/as a la Conferencia General que esta disposición es inconstitucional, pues considera que la medida va en contra de la autoridad constitucional otorgada a las conferencias jurisdiccionales y centrales, los órganos regionales intermedios de la denominación, para nombrar, numerar y establecer los límites de las conferencias anuales.

El Rev. Ande Emmanuel, delegado de Nigeria, es parte de un grupo africano que busca la unidad metodista unida que se opone al Protocolo dijo: "África perderá mucho y entrará en más conflictos si se adopta el Protocolo en su versión actual".

Aún muchos/as metodistas unidos/as continúan apoyando el plan, incluido el grupo de defensa de la Asociación del Pacto Wesleyano, que ya está formando una nueva denominación tradicionalista bajo sus disposiciones.

Por ahora, el mayor obstáculo para el Protocolo que se presenta ante la Conferencia General es el mortal COVID-19 y el lento lanzamiento de las vacunas en todo el mundo. La presidenta del Concilio de Obispos/as, Cynthia Fierro Harvey, también miembro del equipo del Protocolo, dijo en un comunicado que está agradecida por el trabajo continuo del Concilio Judicial en estos tiempos de pandemia. Los obispos/as tienen previsto tener su propia reunión virtual del 26 al 30 de abril.

“El Concilio de Obispos/as toma nota de estas decisiones y las implicaciones para su trabajo futuro” dijo Harvey.

 

* Hahn es asistente al editor de noticias para Noticias MU. La puede llamar al (615) 742-5470 o escribirle a [email protected]. Para leer más noticias metodistas unidas, ideas e inspiración para el ministerio suscríbase gratis al UMCOMtigo.

** Leonor Yanez es traductora independiente. Puede escribirle a IMU Hispana-Latina @umcom.org

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