¿Cómo se ve que los/las obispos/as rindan cuentas?. En los últimos cuatro años La Iglesia Metodista Unida - incluyendo los/as mismos/as obispos/as - han estado debatiendo sobe esta pregunta.
Actualmente hay una propuesta legislativa, que busca aumentar la responsabilidad de los/las obispos/as en la rendición de cuentas durante sus gestiones, la cual será presentada en la “Conferencia General”, el máximo órgano legislativo de la denominación, cuando se reúna entre el próximo año 2016, del 10 a 20 mayo, en la ciudad de Portland, estado de Oregón.
El debate ha cogido impulso tras dos denuncias muy públicas con diferentes quejas en contra de dos obispos metodistas:
*A petición del “Consejo Metodista Unido de Obispos/as”, el obispo retirado Melvin G. Talbert enfrentó una denuncia en marzo de 2014 después de que ofició la unión de dos hombres (Joe Openshaw y Bobby Prince) en contra de los establecido en el Libro de Disciplina de la iglesia. La denuncia terminó en enero 2015, con una resolución acordada por todos involucrados en el caso y que tiene, tanto partidarios como detractores.
*En otra situación, la junta del “Consejo General de Finanzas y Administración” presentó una denuncia en marzo de 2013 contra el Obispo Daniel Wandabula de la zona Este de África. El fue denunciado el el presunto uso indebido de más de $ 757,000 en fondos de la iglesia, en su área espiscopal. La denuncia aún está pendiente y hasta la fecha, el Consejo de Obispos no ha ofrecido ninguna declaración pública sobre el asunto.
Mientras tanto, los/as obispos/as también han estado discutiendo cómo aumentar el nivel de contraloría mutua Los/as unos/as con los/as otros\as). Los resultados de la discusión y decisión tomada en víspera de la Conferencia General de 2012, fue encontrar un mecanismo para mantener una responsabilidad muta, sobre todo en el cumplimiento de su compromiso de fomentar la vitalidad congregacional. Sin embargo, las conversaciones públicas de los/as obispos/as en torno al tema, no han tocado en absoluto el proceso de denunciar.
"Denuncias, cargos, cualquier cosa de ese tipo es definido en el “Libro de la Disciplina” (libro de leyes de la denominación) y eso está más allá de nuestro control y nuestro poder", dijo el Obispo Larry M. Goodpaster, que lidera el grupo de contraloría para los/as obispos/as, al ser entrevistado por “United Methodist News Service” durante la reunión del Concilio de Obispos el pasado mes de mayo de 2015.
"Lo que podemos hacer es mantenernos mutuamente responsables de nuestro ministerio y nuestro trabajo. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer ", agregó Goodpaster.
Legislación moviéndose hacia delante
La Conferencia General tiene la autoridad para modificar el proceso de denuncias y varios grupos planean enviar una legislación que, de aprobarse, haría exactamente eso.
En la actualidad, una denuncia contra un/a obispo/a se maneja principalmente dentro de su área geográfica, es decir, la jurisdicción si el/la obispo/a está en los Estados Unidos, o la conferencia central si se encuentra en África, Europa o Filipinas.
Como el Consejo de Obispos fue quien formalizó la denuncia contraer Obispo Talbert, el Consejo en pleno ha limitado la autoridad en el asunto. “No hay ningún sistema para llevarlo a otro nivel, y no tienen apoyo financiero", dijo Moisés Kumar, un ejecutivo del Consejo General de Finanzas y Administración.
La Asociación de Líderes Laicos de la Conferencia Anual, que incluye líderes laicos de todo el mundo, votó a favor de presentar una legislación que establecería un cronograma definitivo de 180 días (aproximadamente seis meses) para tratar de resolver el asunto en los procesos de supervisión de la denominación. Si esos 180 días expiran sin resolución o sin remisión del asunto como un reclamo administrativo o judicial formal, la legislación de la asociación enviaría el conflicto a todo el Consejo de Obispos.
El Consejo General de Finanzas y Administración aprobó en julio una petición que utiliza la legislación de la asociación como una plantilla, pero con más detalles añadidos.Esa propuesta dice que una vez que los 180 días transcurren, el Concilio de Obispos debe seleccionar:
*Un panel de tres obispos/as, cada uno de África, Asia y Europa, si el/la obispo/a denunciado/a está es en una conferencia central, o
*Un panel de cinco obispos/as, uno/a de cada jurisdicción de los Estados Unidos, si el/la obispo/a bajo demanda se encuentra en los Estados Unidos.
Según la legislación de la agencia financiera (GCFA), el panel tendría entonces la responsabilidad de juzgar el asunto dentro de los 180 días antes de concluirlo o referirlo como un reclamo administrativo o judicial formal.
La legislación de GCFA también especifica que todos los costos asociados con el trabajo de un panel deben salir del Fondo Episcopal. El fondo, pagado por ofrendas congregacionales, apoya principalmente salarios, vivienda, viajes y otros gastos de los obispos activos, así como los salarios y beneficios.
Charlie Moore, miembro del ejecutivo de GCFA, dijo que la junta espera que paneles más pequeños seleccionados por el Consejo de Obispos podrían llegar a una solución con mayor facilidad y de una manera más barata. Moore es el presidente del comité de agencias generales y asuntos episcopales.
Además de estas propuestas legislativas, los directores de la Junta Metodista Unida de Educación Superior y Ministerio (GBHEM) han aprobado presentar una legislación, que agrega "malversación fiscal" como un delito imputable por clérigos y laicos bajo la ley de la iglesia.
Reacciones obispales
Wandabula le dijo a UMNS en mayo que no haría comentarios sobre la denuncia hasta que llegue a su conclusión. También se negó el 12 de agosto a discutir el proyecto de ley. Sin embargo, Talbert si compartió sus dudas con las propuestas procedentes de la asociación de líderes laicos y la agencia de finanzas. "Creo que la legislación sugiere que quieren hacer su pastel y comérselo también", dijo.
El señaló que todo el sistema de jurisdicciones estadounidenses que elige y supervisa obispos/as, se originó en la fusión de 1939 cuando la Iglesia Metodista se reunificó con las iglesias en el sur del país, las cuales estaban racialmente segregadas para ese entonces. También dijo que preferiría eliminar las fronteras jurisdiccionales en conjunto y tener obispos electos y responsables bajo una misma Conferencia Central de los Estados Unidos.
"En los EE.UU., los obispos son responsables ante las jurisdicciones en las que se eligen", dijo Talbert. "Hasta que se cambie esa estructura, no tiene sentido poner en marcha un proceso para anular la decisión de una conferencia jurisdiccional en particular simplemente porque otras jurisdicciones no están de acuerdo con una decisión particular."
Más legislación en camino
Además de estas tres propuestas, se espera otra legislación que va a reforzar la rendición de cuentas de obispos/as. Juntas y agencias generales de la denominación tienen como fecha límite el 1 de septiembre, para presentar legislaciones para la Conferencia General de 2016 y otros sectores de la iglesia tienen hasta el 13 de octubre para entregar sus propuestas. La lista completa de las propuestas legislativas se publicará a principios del próximo año. Esta Conferencia General de 2016 tendrá 864 delegados, divididos en partes iguales entre los laicos y el clero. Los/as obispos/as no votan en la Conferencia General.
* Hahn es una reportera de noticias multimedia para el Servicio de Noticias Metodista Unidas. Para más información acerca del artículo, visite el enlace: http://www.umc.org/news-and-media/proposals-aim-to-increase-bishop-accountability
** Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. Puede contactarle al (615)742-5775 o por el [email protected]
