Puntos clave:
- Seguridad y acceso: Riesgo para delegados internacionales debido a costos de visas, restricciones migratorias y posibles problemas de identificación o perfiles raciales.
- Propuestas a la Comisión: Desarrollo de un plan integral de seguridad, considerar sede fuera de EE. UU. y actualizar presupuesto; aplazamiento si fuese necesario.
- Justicia e inclusión: Garantizar participación plena y digna de todos los delegados, reafirmando compromiso con la hospitalidad y la inclusión global.
Organizaciones que representan a diversos grupos raciales y étnicos dentro de la Iglesia Metodista Unida han hecho pública una carta abierta en la que expresan profundas preocupaciones sobre la seguridad, accesibilidad y viabilidad de celebrar la Conferencia General de 2028 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos.
La carta fue emitida por el Grupo de Desarrollo de Estrategia Interétnica (IESDG), en conjunto con los caucus: Metodistas Negros por la Renovación de la Iglesia (BMCR), Metodistas Asociados Representando la Causa Hispano-Latina Americana (MARCHA), Caucus Internacional Nativo Americano (NAIC), Nueva Asociación Metodista Unida Asiático Americana (NFAAUM) y el Caucus Nacional de Asiáticos e Isleños del Pacífico de la Iglesia Metodista Unida (PINCUM)—, entidades que representan oficialmente a los caucus raciales/étnicos de la denominación a nivel global.
Dirigida a la Comisión de la Conferencia General, la misiva reconoce el “trabajo fiel” de este organismo, responsable de organizar el máximo cuerpo legislativo de la iglesia. Al mismo tiempo, plantea interrogantes urgentes sobre si las condiciones actuales permiten garantizar la participación plena, segura y equitativa de todos los delegados elegidos.
Aumento de costos y barreras migratorias
Uno de los principales puntos de preocupación es el incremento sostenido en los costos asociados a los procesos migratorios. Según la carta, los gastos relacionados con solicitudes de visa, nuevas tarifas y requisitos adicionales han aumentado de manera significativa en los últimos años, generando una carga económica tanto para los delegados como para el presupuesto general de la Conferencia.
El documento estima que estas nuevas condiciones podrían añadir entre 2 y 3 millones de dólares adicionales a un presupuesto ya limitado. Entre los factores señalados se incluyen nuevas tarifas como el denominado cargo de integridad de visa, así como la imposición de fianzas que pueden oscilar entre 5,000 y 15,000 dólares dependiendo del país de origen del solicitante.
Los firmantes subrayan que estos costos no garantizan la aprobación de las visas, lo que introduce un nivel adicional de incertidumbre para los delegados internacionales. “Estas realidades plantean serias preocupaciones sobre si todos los delegados debidamente elegidos podrán participar plenamente en las deliberaciones”, señala la carta.
Restricciones de entrada y riesgos durante el viaje
Más allá de los costos, la comunicación destaca el impacto de las actuales políticas migratorias de Estados Unidos, que incluyen restricciones o limitaciones para ciudadanos de ciertos países. En este contexto, algunos delegados podrían enfrentar procesos más rigurosos de revisión, demoras prolongadas o incluso la negación de entrada al país.
Asimismo, el documento advierte sobre los riesgos asociados al clima actual de control migratorio dentro de Estados Unidos. Los firmantes expresan preocupación por la posibilidad de que delegados sean sometidos a interrogatorios, detenciones o retrasos, tanto en su ingreso al país como durante desplazamientos internos.
El texto señala que, según experiencias recientes reportadas en medios y comunidades locales, incluso personas con estatus legal o ciudadanía han enfrentado situaciones de detención o trato irregular en el marco de la aplicación de leyes migratorias. En ese sentido, los líderes interétnicos afirman que “la ciudadanía ya no garantiza plenamente la seguridad”.
La carta también menciona que la presencia de más de 2,000 agentes federales de inmigración y control fronterizo en el estado de Minnesota representa un factor adicional de preocupación. A esto se suma el riesgo de perfiles raciales y controles de identificación que podrían afectar a delegados durante su estancia en el país.
Contexto social en Minneapolis
Los firmantes sitúan estas preocupaciones dentro de un contexto social más amplio, recordando que la ciudad de Minneapolis continúa en un proceso de recuperación tras el asesinato de George Floyd en 2020. Este hecho, que generó protestas a nivel nacional e internacional, sigue siendo un punto de referencia en las discusiones sobre justicia racial en Estados Unidos.
En este marco, la carta sugiere que las condiciones actuales plantean desafíos no solo logísticos, sino también éticos y pastorales para la iglesia, particularmente en lo relacionado con su testimonio global y su compromiso con la justicia y la dignidad humana.
Propuestas a la Comisión organizadora
Ante estas preocupaciones, el Grupo de Desarrollo de Estrategia Interétnica y sus aliados presentan una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión de la Conferencia General.
Entre ellas, destacan el desarrollo de un plan integral de seguridad que contemple medidas concretas para proteger a los delegados durante todo el evento. Este plan incluiría la provisión de asistencia legal inmediata, la implementación de protocolos claros de comunicación y la designación de espacios seguros dentro del recinto de la conferencia.
Asimismo, los firmantes proponen una estrecha colaboración con entidades denominacionales especializadas, como el Grupo Interagencial Metodista Unido sobre Inmigración, la Asociación de Cancilleres de la iglesia y el departamento legal del Consejo General de Finanzas y Administración.
Otra de las recomendaciones clave es considerar seriamente la posibilidad de trasladar la sede de la Conferencia General de 2028 fuera de Estados Unidos. Según el documento, esta alternativa permitiría reducir los riesgos asociados a las restricciones migratorias, reflejar de manera más plena el carácter global de la denominación y facilitar una participación más equitativa de delegados provenientes de diversas regiones del mundo.
En la misma línea, también se plantea la opción de posponer el evento, recordando que la Comisión tiene la autoridad para determinar tanto la fecha como el lugar de la Conferencia, así como la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas para la participación de todos los delegados.
Finalmente, la carta solicita la elaboración de un presupuesto actualizado que refleje los costos adicionales derivados del contexto migratorio actual, con el fin de proporcionar mayor claridad financiera a la iglesia.
Un llamado a la responsabilidad y la inclusión
En su conclusión, los firmantes enfatizan que la Conferencia General no es simplemente una reunión legislativa, sino “un momento sagrado en la vida de la iglesia”, en el que se discierne colectivamente el llamado de Dios.
“Ningún delegado debería tener que preocuparse por poner en riesgo su seguridad para participar en una reunión de la iglesia”, afirma el documento, que subraya la importancia de garantizar condiciones que permitan la participación sin temor.
Los líderes interétnicos destacan que su llamado no responde a intereses políticos, sino a un compromiso con los valores de hospitalidad, justicia e inclusión que sustentan la vida de la iglesia. Asimismo, expresan su disposición a colaborar con la Comisión en la búsqueda de soluciones que permitan celebrar una Conferencia General verdaderamente global, segura y accesible para todos.
El Grupo de Desarrollo de Estrategia Interétnica, que agrupa a los cinco caucus raciales y étnicos oficiales de la Iglesia Metodista Unida, reiteró su compromiso de acompañar este proceso con discernimiento y espíritu de colaboración, en beneficio de toda la conexión mundial.
NOTA: Para lee el documento original en inglés, abra aquí.
* Rev. Gustavo Vasquez, Coordinador de Relaciones Hispano-Latinas de UMCOM. Para comunicarse con Noticias MU puede hacerlo al 615-7425470, [email protected] o [email protected].
