Heather Hahn
11 de junio, 2012 | Comentario UMNS
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El gobierno mandó a los empleadores que proveyesen cobertura para anticonceptivos, y ahora el debate se centra en dilucidar si este mandato viola la libertad religiosa o si sólo da acceso a un aspecto importante de la salud de la mujer.
No de extrañar que los miembros de nuestra iglesia tengan opiniones diversas. La Constitución de nuestro país "garantiza la expresión religiosa en todos los aspectos de la vida", dice el Rdo. Keith Boyette, fundador de la iglesia Wilderness Community (Spotsylvania County, Virginia), abogado, presidente del directorio de Good News, caucus evangélico no oficial de la IMU, y anterior miembro del Concilio Judicial. "De modo que es lo bastante amplia como para abarcar a las instituciones religiosas y sus afiliadas en el ejercicio de sus creencias religiosas". Según él, los que han establecido litigio contra el mandato del gobierno ?entre ellos 43 grupos católicos? tienen buenas posibilidades de que la Corte Suprema declare que dicho mandato viola la Primera Enmienda a la Constitución.
Otros piensan distinto. "No creo que este sea, en ningún modo, un asunto de libertad religiosa", dice la Rda. Dra. Cheryl B. Anderson, abogada, presbítera metodista unida y profesora de Antiguo Testamento en el Seminario Garrett-Evangelical, Evanston, Illinois. "El gobierno no está requiriendo que todas las mujeres usen anticonceptivos. El mandato simplemente quiere decir que, bajo las circunstancias especificadas, si una mujer usa anticonceptivos, el gasto será cubierto por la aseguradora de salud&ellipsis; Me parece que, al entablar litigios, estas denominaciones conservadoras están tratando de imponer sobre cualquier y toda mujer restricciones en el uso de los anticonceptivos".
Cómo la disputa llegó a este punto
En enero de este año, la administración del Presidente Obama anunció que los planes de seguro médico deberían cubrir gratuitamente los anticonceptivos para las mujeres, como una medida de cuidado médico preventivo. Como parte de la ley Patient Protection and Affordable Care Act, el mandato cubre drogas y procedimientos para prevenir el embarazo que fueron aprobados por el Ministerio de Comida y Drogas (Food and Drug Administration), lo que incluye el anticonceptivo de emergencia (o Plan B) que algunos ven como abortivo.
Desde el principio, el mandato eximió a los empleadores religiosos como las congregaciones, pero no eximió a instituciones afiliadas que, por lo general, no emplean ni tienen empleados que pertenecen a la misma religión o que sirven a gente que no creen necesariamente lo mismo. Esto incluye instituciones de educación y hospitales.
En febrero, después de una fuerte protesta, el Presidente Obama anunció lo que llamó una "acomodación" para los empleadores afiliados que tengan objeciones morales a los anticonceptivos no naturales. En estos casos, los anticonceptivos serían cubiertos por las compañías aseguradoras y no por los empleadores.
Horas después de este anuncio, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos rechazó la acomodación. Por lo menos, unos 55 individuos han presentado 23 litigios en la corte federal para frenar el mandato de la Casa Blanca. Entre los litigantes hay organizaciones católicas y evangélicas. Entre estos están hospitales, universidades, escuelas y negocios con afiliación religiosa y 13 diócesis católicas.
Se espera que la Corte Suprema dictamine sobre estas demandas durante el mes de junio. Mientras tanto, la nueva norma entraría en efecto en agosto de 2012.
Control de natalidad y teología
La Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Católica tienen opiniones distintas respecto al papel de los anticonceptivos en el plan de Dios.
La enseñanza católica, confirmada por la encíclica Humanae Vitae, del Papa Pablo VI (1968), rechaza el control de la natalidad por medio artificiales como una obstrucción al poder de vida divinamente establecido para la relación matrimonial. En suma, la iglesia enseña que la relación sexual de la pareja debe siempre contemplar el potencial de procreación, a menos que el designio de Dios prevenga dicha posibilidad, como cuando una mujer entre en el período de la menopausia. Esto lleva a la Iglesia Católica a oponerse a los anticonceptivos, la esterilización y la fertilidad in vitro.
Por contraste, los Principios Sociales de la Iglesia Metodista Unida discuten el tema de la planificación familiar en el contexto de los derechos a la atención médica. Afirman "el derecho de hombres y mujeres a tener acceso a información comprehensiva sobre la salud y la planificación familiar y a servicios que servirán como medios para prevenir embarazos no planeados, reducir abortos y prevenir la difusión de VIH/SIDA". El pasaje cita Juan 10:10 que afirma que Dios quiere que tengamos vida abundante.
La Iglesia Metodista Unida difiere del catolicismo en "la importancia que [la IMU] le da a la conciencia individual, así como al reconocimiento de lo complejo del asunto", dice el Rdo. Gary B. MacDonald, director de Estudios Ministeriales Avanzados, en la Escuela de Teología Perkins, Dallas, Texas.
"El punto de vista de los Principios Sociales de que la sexualidad es un don es aquí operativo", afirma. "Deja abierto el entendimiento de que el acto sexual se relaciona con la dignidad y satisfacción humana, colocando estos valores a la par con la procreación".
Otro principio social prohíbe específicamente el uso del aborto como medio anticonceptivo o como medio para seleccionar el sexo del bebé.
En sentido práctico, esto quiere decir que las clínicas y hospitales afiliados a la IMU en todo el mundo ofrecen anticonceptivos a sus pacientes, y la mayoría de las instituciones metodistas unidas proveen control de la natalidad en su seguro médico.
Control de natalidad y ética
Algunos metodistas unidos, que personalmente apoyan el uso de anticonceptivos, creen que el mandato modificado de la administración Obama es muy intrusivo en cuanto a la fe. Boyette cree que la norma sentaría un precedente preocupante que podría un día llevar a que el gobierno interfiera con la doctrina metodista unida.
Opina que el mandato modificado es como el juego de trile o mosqueta. Las aseguradoras subirán los costos de la prima, a fin de hacer que los empleadores paguen por los anticonceptivos. "Esto es lo mismo que decir que la institución religiosa misma deberá proveer del beneficio directamente", dijo.
Jim Winkler, director de la Junta de Iglesia y Sociedad,
