El 16 de febrero de 2015, un tribunal federal en el Distrito Sur de Texas ha bloqueado temporalmente la aplicación de las medidas migratorias anunciadas por el Presidente Obama el 20 de noviembre de 2014, lo que permitiría a millones de inmigrantes presentarse y solicitar una ayuda contra el proceso de deportación y la autorización de trabajo.
En un fallo estrecho que no abordó la constitucionalidad de estas iniciativas, el tribunal de distrito bloqueó temporalmente la aplicación de la iniciativa DAPA para los padres de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales y la iniciativa DACA ampliada. El tribunal basó la decisión sobre el argumento de que el gobierno federal no cumplió con la reglamentación y los procedimientos bajo la ley federal.
¿Y ahora qué pasará?
El gobierno federal ya ha indicado que apelará la decisión, lo más probable en el Quinto Circuito. El proceso de apelación ordinario suele tardar muchos meses. El Centro Nacional de Ley Migratoria (National Inmigration Law Center) considera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería hacer una solicitud de emergencia, para colocar la decisión en espera de la consideración del tribunal de distrito para una apelación completa. Este tipo de solicitud de emergencia podría decidirse mucho más rápidamente, probablemente en cuestión de días o semanas. Pero hasta que el proceso no se lleve más allá de la corte del distrito, al tribunal de apelación o a la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. , las nuevas iniciativas quedarán bloqueadas de manera temporal.
Los abogados y el gobierno federal se sienten confiados en que los tribunales superiores, como el Quinto Circuito y la Corte Suprema de Estados Unidos, permitirán que estas iniciativas puedan concretarse. Los miembros de la comunidad deben seguir preparándose para solicitar estas iniciativas, mediante la recopilación de los documentos necesarios que tendrán que presentar para los trámites y juntar el dinero para cubrir los costos de la solicitud, de manera que puedan registrarse, una vez se apliquen plenamente las iniciativas.
Decenas de funcionarios estatales y locales han presentado escritos resaltando, a la corte del distrito, los amplios beneficios potenciales de estas iniciativas para nuestras comunidades y nuestra economía. Doce estados más el Distrito de Columbia, 33 ciudades, 27 jefes de policía y organizaciones sin fines de lucro, han presentados escritos ante la corte haciendo hincapié en los beneficios de las iniciativas.
¿Qué significa esta decisión?
La decisión del tribunal detiene temporalmente la aplicación de las iniciativas de la DAPA y la DACA ampliado, lo que significa que estas iniciativas no entrarán en vigor a menos que esta decisión sea revocada por un tribunal superior, o por el propio tribunal de distrito.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha declarado que a la luz de decisión inicial de esta corte, las personas no deben presentar aún ninguna solicitud en torno a estas nuevas iniciativas. Las personas elegibles deben estar pendientes de las actualizaciones del Departamento de Seguridad Nacional acerca de qué hacer mientras el gobierno federal apela contra esta decisión.
IMPORTANTE: El programa original de DACA del 2012, no se ve afectado por la decisión, ni con las nuevas medidas del gobierno federal que se anunciaron el 20 de noviembre de 2014. Además, las personas todavía pueden solicitar la acción diferida, en virtud de procedimientos establecido anteriormente el cual requiere que la persona envíe una solicitud de acción diferida a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración que le corresponda.
Antecedentes de esta decisión de la corte
Para hacer frente a los argumentos jurídicos planteados por Texas y otros estados, el tribunal debe primero determinar si los demandantes tienen “sustento” para presentar la demanda. El tribunal consideró que al menos un demandante, el estado de Texas, cumple con los requisitos legales para poder presentar la demanda. El tribunal indicó que el argumento más fuerte que los estados presentaron en la demanda, se refiere a los costos en los que Texas incurriría para proporcionar licencias de conducir a los beneficiarios de la DACA ampliado y la DAPA. La corte no consideró en su análisis, los beneficios significativos para la economía estatal que representaría el favorecer el acceso de las personas indocumentados a las iniciativas (DACA y DAPA), incluyendo el incremento en la recaudación del impuesto sobre la renta estatal y el impuesto a la propiedad.
La corte determinó que el gobierno federal no llevó a cabo los procesos establecidos en el Acta de Procedimientos Administrativos (APA). El gobierno federal argumentó que no llevó a cabo los procedimientos establecidos en el APA por que las iniciativas presidenciales son discrecionales por lo que no se requiere el uso de esos procedimientos.
Habiendo encontrado que al menos Texas tenía causales legítimas para presentar la demanda, el tribunal evaluó entonces los méritos de los argumentos jurídicos de los estados, con el fin de bloquear temporalmente la iniciativa. El tribunal consideró que el gobierno federal no había utilizado la reglamentación procedimientos exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El gobierno federal había argumentado que no utilizó los procedimientos de elaboración de normas de la APA, porque las iniciativas presidenciales son discrecionales por lo que no se requiere el uso de esos procedimientos. El gobierno federal no ha otorgado la DACA a algunas personas que los solicitaron que bajo el actual programa, a pesar de que cumplieron con los requisitos, lo que demuestra que la programa es discrecional, de acuerdo con el argumento del gobierno.
La decepcionante decisión de ayer es un obstáculo en la carretera, pero el movimiento por los derechos de los inmigrantes sigue fuerte. Vamos a seguir luchando para asegurar que todos los aspirantes a ser ciudadanos estadounidenses puedan calificar a estas importantes iniciativas y mas temprano que tarde puedan contribuir plenamente con las comunidades y con el país al que llaman hogar.
Temas de discusión
- El fallo de la corte de distrito no es más que el final del primer capítulo de un libro muy largo. Estamos seguros de que los tribunales en última instancia, mantendrán la importante decisión del presidente, para permitir que millones que aspira a ser estadounidenses puedan presentarse y aplicar por la oportunidad de contribuir más plenamente a sus comunidades y al país.
- La decisión del tribunal está fuera de la tradición legal. Líderes legislativos - en ambos lados del espectro ideológico – están de acuerdo en que las acciones del presidente son totalmente legales. Del mismo modo DAPA y DACA ampliado, como todas las anteriores formas de acción diferida, no están sujetos a los procedimientos de elaboración de normas de la APA. Estamos seguros de que los tribunales estarán de acuerdo.
- Vamos a seguir adelante. La noticia de hoy fue muy decepcionante, pero no se verá frenado este proceso. Luchamos mucho para asegurar que millones de aspirantes a ser estadounidenses podrían presentarse y solicitar la oportunidad de contribuir más plenamente a sus comunidades. Vamos a seguir luchando - en nuestras comunidades, en Washington, y en la sala del tribunal - hasta que las iniciativas de inmigración que el presidente Obama anunció el pasado año, se hagan realidad.
- Los defensores de la demanda están jugando a la política con las vidas de las personas. Mientras millones de aspirantes a ser estadounidenses esperan la oportunidad de ayudar a impulsar sus economías y comunidades hacia adelante, los estados demandantes se han encargado llevar este proceso hacia el retroceso.
- El programa DACA existente todavía está en vigor. Las personas que eran elegibles para la DACA en el programa anterior siguen siendo elegibles para la acción diferida y la autorización de trabajo. La nueva nota de las prioridades de control también está todavía en vigor.
- El tribunal en Texas no está siguiendo el procedimiento legal. Recientemente en el 2012, el caso de Arizona contra Estados Unidos (el caso que involucró famosa ley anti-inmigrante, SB 1070), la Corte Suprema afirmó que el gobierno federal tiene autoridad completa para establecer las prioridades de deportación. El fallo de la corte de distrito está completamente fuera de línea con lo que la Corte Suprema de Justicia ya ha declarado. NILC (Centro Nacional de Ley Migratoria) pide al Departamento de Justicia de Estados Unidos, tomar las medidas legales disponibles para apelar esta decisión rápidamente.
* Tomado del NILC: www.nilc.org/document.html?id=1207
** El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. Puede contactarle al (615)742-5155 o por el [email protected].
